Regresa la discusión de la Ley Eléctrica a la Suprema Corte

4 de octubre de 2023

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El pasado miércoles 27 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía programada una sesión crucial relacionada con amparos contra la reforma eléctrica del gobierno de AMLO. Sin embargo, se retrasó debido a la solicitud del gobierno de excluir a dos ministros del caso, argumentando conflicto de interés, ya que formarían parte de las asociaciones que promovieron dichos juicios.

Es esencial recordar que la Suprema Corte no resolvió el fondo del asunto, pues no logró la mayoría de ocho ministros requerida para declarar inconstitucional la Ley de Industria Eléctrica, dejándola vigente.

También es importante recordar la controversia en la forma de contar los votos durante la presidencia de Arturo Zaldívar. Se podían contar ocho votos de ministros a favor de la inconstitucionalidad, pero por diferentes razones. Sin embargo, la votación no se realizó considerando cuántos ministros la consideraban inconstitucional por argumentos “x”, “y” o “z”, sino que se hizo argumento por argumento. Esto llevó a que dos ministros votaran de manera diferente en dos de esos argumentos, dejando la votación en siete votos para cada uno de dichos argumentos.

Ahora, la atención se centra en los amparos, ya que la acción de inconstitucionalidad fue presentada por una minoría parlamentaria, mientras que los amparos son presentados por personas físicas y morales, es decir, empresas.

La Suprema Corte, a través de su segunda sala, está evaluando varios amparos presentados por diferentes empresas. El Ministro Pérez Dayan presentará el proyecto que determinará si se concede el amparo y si se declara inconstitucional, en parte o en su totalidad, la Ley de Industria Eléctrica propuesta por la iniciativa del presidente.

Es importante señalar que es probable que dos de los cinco votos de la sala no estén a favor del proyecto, ya que las ministras Yazmín Esquivel y Loreta Ortiz suelen votar a favor de las pretensiones del gobierno federal. Por lo tanto, podría haber hasta tres votos en contra de la Ley, pero esto no sería suficiente para establecer jurisprudencia y hacer que la decisión sea obligatoria para todos los jueces del país.

En resumen, esta decisión solo afectaría a las empresas que presentaron el amparo, creando un escenario donde algunas personas y empresas seguirían bajo la ley actual, mientras que las empresas amparadas estarían sujetas a la decisión de la Suprema Corte, que podría ordenar la aplicación de leyes anteriores a la reforma o excluir ciertas partes de la ley.

En conclusión, habría un régimen mixto, y dependería en gran medida del criterio de los demás jueces y si siguen la decisión no obligatoria de la Suprema Corte. Por lo tanto, si creían que ya había victoria para el Presidente en ese tema, nada, al menos jurídicamente hablando, está completamente resuelto.

Nos vemos en otra ocasión.